La maquinaria del estado debe defender a todos españoles por igual ante una crisis





El Gobierno vulnera los Artículos 14 y 41 de la Constitución ante el desamparo de los toreros.

En situaciones de extrema gravedad para una Nación, está más que claro que todos anteponemos la salud y bienestar del prójimo, independientemente de su razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, a los bienes económicos individuales o colectivos de cualquier sector.

Ejemplo de ello, y nadie, absolutamente nadie lo puede rebatir, es la reacción del sector taurino ante la crisis derivada del COVID19.

Fuimos los primeros en meternos en casa y dejar de desarrollar nuestra actividad, junto con feriantes, artistas y el resto de sectores que están ligados a ocio y fiestas. De igual forma que seremos los últimos en poder volver a desarrollar nuestra actividad.

Tanto es así, que aun estando ahogados por la falta de ingresos al estar paralizada nuestra actividad, la cual depende de tan solo seis meses, aguantamos estoicos la situación, incluso callamos cuando todo volvía a una relativa normalidad, hasta que por el mero hecho de ser “el sector taurino” el Gobierno Central nos dejo completamente desamparados.

A otros sectores se les brindaba una pequeña ayuda para paliar la debacle económica, incluso a los Artistas, régimen en el que los profesionales taurinos cotizamos y estamos registrados, tal y como dicta el Artículo 1 en los apartados 2 y 3 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación Laboral Especial de los Artistas en Espectáculos Públicos.




No me gustaría que esto interpretara con afán de hacer política por el color del Ejecutivo, pero si es cierto que la disposición del Gobierno Central difiere mucho de los Autonómicos o Locales en cuanto al trato dado al sector taurino.

Mientras el Gobierno de España, a día de hoy, todavía, no solo nos tiene abandonados, sino que nos ha discriminado, son varias las comunidades o localidades que en la medida de sus posibilidades han mostrado una pequeña intención de ayudarnos, comprometiéndose a través de las Cámaras Autonómicas a dar ayudas a los sectores ganaderos a modo de parche para paliar la crisis económica derivada de la suspensión de fiestas patronales y prohibición de aglomeraciones.

Reitero, que se agradece y se reconoce que los gobiernos autonómicos muestren ademan de no dejarnos de lado, aunque las ayudas en comparación con otros sectores sean insuficientes.

Pero también hay que recalcar y no obviar como el Gobierno de España no solo nos ha dejado desamparados, sino que entre otros, el Ministerio de Trabajo, el que casualmente está dirigido por Yolanda Díez, de Podemos, y nada afín a los toros, ha vulnerado la Constitución, concretamente los Artículos 14 y 41 de la misma, al dar directrices a los funcionarios del SEPE de no conceder NI UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA A LOS PROFESIONALES TAURINOS, los cuales están dentro del registro de Artistas, y sí a estos.

No se trata de ser taurino o antitaurino, no se trata de ser de izquierdas o derechas, se trata de humanidad y de legalidad, y de qué la estructura del Estado, así como la maquinaria puesta en marcha para paliar esta situación sin precedentes ha de ser por y para todos igual.

Está más que claro, que con la ley en la mano, y siendo un sector legal, que contribuye y cotiza en las arcas de España, nuestro Gobierno vulnera la Constitución y juega con la vida y el porvenir de parte de la población española por el mero hecho de ser toreros.

Por Imanol Sánchez (TORERO)









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