La Junta de Andalucía pretende reducir un 40% los puestos de trabajo












La UNPBE denuncia en un comunicado de prensa el riesgos que supone para picadores, banderilleros y mozos de espada
Ante los daños causados por la crisis del coronavirus, la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos del Gobierno de Andalucía redactó el pasado 21 de mayo, un borrador de medidas y condiciones particulares que, con vigencia de un año, facilite la organización y celebración de espectáculos taurinos en su Comunidad Autónoma.
Esta decisión, tan de agradecer por un sector tan afectado como el nuestro, tiene, en cambio, un aspecto tan alarmante como contradictorio, pues, como única solución y único sacrificio propuesto al sector, dicho borrador contempla la ELIMINACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJOS DE PICADORES, BANDERILLEROS Y MOZOS DE ESPADAS.
En concreto, la Junta de Andalucía quiere fijar, para plazas de segunda y tercera categorías, y tanto en corridas de toros como en novilladas, la reducción en cada cuadrilla de un puesto de picador, un puesto de banderillero y el puesto de ayuda del mozo de espadas, lo que supone un total de más del 40% de los puestos de trabajo de cada festejo en las cuadrillas.
Ante tal decisión, aún pendiente de aprobación definitiva, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España y la Asociación Nacional de Mozos de Espada, manifiestan su más enérgica protesta, pues, lejos de paliar la crisis del sector, la Junta de Andalucía provocaría una mayor, al reducir los puestos de trabajo entre unos colectivos profesionales que, al igual que otros, ha visto suspendida tajantemente su actividad y lleva sin recibir ingresos de ningún tipo desde que finalizó la pasada temporada anterior, en octubre de 2019.
Tal medida puntual de fijar sólo un picador y dos banderilleros por cuadrilla, que además influiría negativa y directamente en la calidad de la lidia y en el buen desarrollo del espectáculo, no supondría ningún beneficio considerable para el sector, y menos aún tan alargada en el tiempo pues se pretende que dure un año independientemente de la situación sanitaria, pero hace sospechar de la influencia en la decisión, aprovechando el actual río revuelto, de otras partes implicadas que, con absoluta insolidaridad, llevan ya tiempo intentando imponerla definitivamente no sólo en plazas andaluzas.
Extrañamente, la propuesta de la Junta de Andalucía no obliga a otros estamentos, como ganaderos o empresarios, a pasar por ningún tipo de penalización como la impuesta a las cuadrillas, como tampoco establece medidas de reducción del precio en las entradas para facilitar el acceso al aficionado que también sufre la crisis económica. Nos parece muy triste que, como única conclusión posible, el gobierno andaluz pretenda implementar un modelo de espectáculo taurino afectando y sacrificando únicamente a su sector laboral más débil.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Andalucía, así como los partidos que lo componen, que tanto presumen de apoyarla, no han elevado estos días ninguna queja al Gobierno del país por la discriminación que la tauromaquia está sufriendo respecto a otras industrias culturales, ni tampoco han presentado un plan alternativo o medidas técnico sanitarias para mejorar dicha marginación y conseguir que el toreo tenga las mismas condiciones que otras actividades artísticas.
Por todo ello, esperamos que los responsables de la Junta rectifiquen y den marcha atrás en este claro atropello a los derechos laborales del sector taurino, pues, en caso contrario, estas asociaciones mayoritarias adoptarán las medidas necesarias que caben en nuestro ordenamiento jurídico para defender los derechos de los profesionales taurinos.
















Comentarios